Pasando por Capilla: Hiperinflación legislativa

Autor: Antonio Capilla Vega

El año pasado el Parlamento de Andalucía aprobó un Proyecto de Ley de Cambio Climático. Sin duda una propuesta cargada de buenas intenciones y que generó alabanzas entre algunos sectores, pero de nula utilidad puesto que los organismos encargados de gestionar cuestiones como la reducción de gases de carácter invernadero son de carácter estatal o supranacional.




Del mismo modo, en Baleares se aprobó el pasado verano el Proyecto de Ley Agraria, con el objetivo de lograr soberanía alimentaria e implementar la biodiversidad del sector. Ni que decir tiene que es una normativa totalmente carente de contenido, ya que desde hace años la política agraria se legisla desde Bruselas, destinándose una gran parte del presupuesto comunitario a ello. Existen también multitud de ayuntamientos y otras instituciones locales que de vez en cuando nos sorprenden con la aprobación de medidas para limitar el consumo de alimentos procesados, el fomento de la igualdad y la no discriminación por razones de raza, sexo o religión o incluso la denuncia de la pobreza en países del Tercer Mundo.

Uno de los problemas que sufrimos en España es el de la hiperlegislación. Los cerca de 400.000 cargos públicos que tenemos, que incluye a todos esos diputados de los 17 Parlamentos Autonómicos y sus asesores, a aquellos empleados en las Diputaciones Provinciales, concejales y alcaldes de los más de 8.000 Ayuntamientos que tiene España a los que hay que sumar eurodiputados y legisladores nacionales padecen un problema de adicción legislativa. De algún modo esta es la única justificación a su salario y prebendas, pero no son conscientes de que todo este trabajo resulta inútil, puesto que en la mayoría de casos no cabe desarrollo de ninguna clase, contraproducente, ya que alimenta la confusión sobre la normativa aplicable incrementando la inseguridad jurídica, y para más inri, tremendamente costoso, puesto que los esfuerzos no se centran en cuestiones que realmente le competen y que ayudarían a todos, como la creación de planes de movilidad para sus municipios o mejorar la limpieza de núcleos urbanos, sino en aprobar estas leyes de cara a la galería.

Deberíamos entender que la creación de normas debe responder al mismo criterio que la fijación de precios; así como estos se determinan por el cruce entre la oferta y la demanda, una ley debería nace de la solicitud de los ciudadanos de una parte y el trabajo de creación de los operadores jurídicos de la otra. Una de las reformas que debemos afrontar con mayor urgencia es delimitar con claridad el marco legislativo de cada organismo, además de suprimir o reducir los mismos de cara a simplificar todo. Aprovechándose de la ambigüedad en la distribución de competencias marcada por la Constitución y el desarrollo posterior, se ha confundido al ciudadano con una maraña que le complica la vida y cuyo coste es incalculable. Y es que un exceso de leyes conlleva siempre de forma inherente una reducción de su alcance y calidad. Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos a medio plazo es lograr que nuestros legisladores sean los mínimos y trabajen lo menos posible, pero haciéndolo de una forma más efectiva.

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