Pasando por Capilla: No es sensato hacer del catalán una barrera

Autor: Antonio Capilla Vega

Sebastián Luaces es un argentino residente en Mallorca que quería hacer un curso de jardinería. Una de las profesoras encargadas de formarle le impidió traducir sus apuntes al español y examinarse en dicha lengua. Casi al mismo tiempo, en el municipio de Llucmajor, no pudieron cubrirse unas plazas de limpiador porque ninguno de los aspirantes pudo acreditar un nivel de catalán B1. Una persona muy próxima a mí, trilingüe en español, italiano e inglés, que goza de experiencia en el sector turístico y titulación homologada en el mismo se ve incapacitada para trabajar como guía en Mallorca por carecer de conocimientos de catalán. Y yéndose a aspectos más generales, podríamos denunciar que paralelamente tanto nuestra educación como nuestra sanidad han empeorado en los últimos años, tal y como demuestran año tras año los informes PISA, donde somos líderes en abandono escolar y número de alumnos repetidores, o en el aumento de las colas de espera para cualquier consulta en atención primaria o intervenciones quirúrgicas.

Como en esas películas de tramas múltiples, al estilo de las del director Alejandro González Iñárritu, todas estas historias mencionadas acaban por desembocar en un punto en común, y es del uso del catalán como un factor de exclusión más que de integración.

Es irrefutable que todos queremos unos servicios públicos de calidad, y que estos se consiguen no tan sólo dotándolos de una determinada financiación, sino implementado criterios de eficiencia así como contratando a aquellos mejor formados. Pero debemos reconocer que el que un determinado nivel de catalán sea condición sine qua non para acceder a un puesto en concreto puede constituir una barrera que prive a la administración pública de mejores profesionales. El excesivo afán regulatorio de la mayoría de nuestra clase política acaba también por afectar al sector privado, ya que en su deseo por determinar cada aspecto de nuestra vida llega a acecharnos imponiendo condiciones irracionales y perjudiciales para el conjunto de ciudadanos.

La contratación de jardineros, limpiadores, guías turísticos, profesores o incluso médicos basándose más en criterios lingüístico-nacionalistas que en su capacitación para esos puestos genera, y está a la vista de todos, nefastos resultados. Y es que el Decreto de Mínimos y la Ley de Función Pública que todo gobierno progresista ha implantado en Baleares está retroalimentando el conjunto de la administración, que cada vez más parece un coto privado para radicales.

Quizás falta cierta sensación de pragmatismo en el análisis de nuestra comunidad. Más de una cuarta parte de los residentes en Baleares son extranjeros, una cifra que en Ibiza y Formentera llega al 37%. Además, hay un gran colectivo de personas de otras partes de España cuya intención es residir aquí durante un determinado número de meses o años, desde funcionarios que vienen para cubrir una plaza por un período concreto hasta trabajadores de apoyo para la temporada turística. Somos, para muchos, una comunidad de paso. Y estas personas, que no cuentan con ese conocimiento del catalán en un principio, pueden acabar por no tener ningún incentivo en aprenderlo por verlo como una forma de exclusión. Entre ellos seguro habrá excelentes profesionales que podrían hacer una gran aportación en la administración pública o en otros servicios supeditados a la regulación de la misma, pero hoy por hoy con el conocimiento del catalán como requisito más que como mérito jamás podrá hacerse.
Nadie niega la importancia de conocer una lengua cooficial que incluso es la materna para algo menos de la mitad del conjunto de Baleares. Obviamente, esto mejora la asistencia que pueda prestarse. Pero nuestra población es bilingüe, y por ello debería valorarse su conocimiento como un mérito más que como un requisito, ya que ello nos priva de contar con profesionales, desde cardiólogos y oftalmólogos, pasando por profesores de matemáticas o inglés, que podrían ayudarnos a mejorar el nivel de nuestra educación y enseñanza. Hacerlo desde un principio constituye una barrera que reduce mucho el abanico de candidatos, creando una especie de monopolio local y repercutiendo en la calidad de los servicios que puedan prestarse.

Por otra parte, hay profesiones, desde jardineros a limpiadores, en las que el requisito de un determinado nivel de catalán carece de sentido, ya que el nivel de interacción con el público es mínimo, y el conocimiento de una lengua no es ni mucho menos un factor decisivo para prestar un mejor servicio, u otras, como la de guía turístico, en las que por el perfil del cliente tipo que hay el uso de una lengua como el catalán constituye un hecho absolutamente anecdótico.

El fomento en el uso del catalán (y mejor sería hacerlo de nuestras variantes locales de mallorquín, menorquín e ibicenco) no se conseguirá haciendo del mismo una especie de imposición para muchos. El regirse por criterios más flexibles, que suavicen su conocimiento, tendrá con toda seguridad el efecto de implicar más a la gente en su aprendizaje al mismo tiempo que permitir que queden garantizados determinados servicios. Al fin y al cabo, solo las lenguas que constituyen puentes, y no barreras, son las que tienen garantizada su supervivencia.

Publicado en Opinión.
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Un comentario

  1. La prueba del algodón del dominio catalanista es que en un examen nacional como el de selectividad los alumnos ni siquiera pudieran optar a tener exámenes en español, que es lengua cooficial en esta comunidad, no como el catalán que es una lengua foránea que ha borrado el mallorquín en estos años de inmersión lingüística. Vaya futuro nos espera si en lugar de profesores tenemos adoctrinadores, normal que estamos a la cola en los informes PISA

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