El PP pide que la Sindicatura de Comptes analice el impacto del rescate del Túnel de Sóller en las cuentas públicas

Ayer se presentó una PNL reclamando conocer además qué costará el mantenimiento de la infraestructura y si la operación está justificada económicamente





El Grup Parlamentari Popular, por medio del diputado Antoni Camps, presentó ayer una Proposición No de Ley (PNL) solicitando al Parlament de les Illes Balears que inste a la Sindicatura de Comptes a elaborar un informe en el que se analicen los efectos sobre las cuentas públicas del rescate de la concesión del Túnel de Sóller, el posible incremento del coste que pueda existir, los costes que deberá asumir el Consell de Mallorca por su mantenimiento, su viabilidad económica y si esta operación está justificada desde un punto de vista económico.

Como se recordará, la institución insular aprobó el pasado año el rescate de la concesión del túnel, cinco años antes de que ésta expirase sin coste alguno, desembolsando por ello 17,4 millones de euros públicos si bien la suma, finalmente, será del orden de los 21 millones de euros más lo que puedan añadir los Tribunales tras anunciar la concesionaria su decisión de acudir a la vía judicial ya que ésta entiende que el Consell debería abonar 13 millones adicionales.

Desde el PP se ha criticado el carácter populista de la medida adoptada por el Consell de Mallorca ya que desde el año 2003 el paso por el túnel era gratuito para los residentes de Sóller y los municipios vecinos por lo que la supresión del peaje pagada por todos los mallorquines, usuarios o no del túnel, beneficia principalmente a los turistas.

Una de las primeras consecuencias directas del rescate ha consistido en problemas de aglomeraciones en el municipio por falta de aparcamiento y caos circulatorio en el tramo del túnel, un problema del que ya alertó el PP angtes de hacerse efectivo el rescate.

Se da también la circunstancia que el Consell de Mallorca ha desembolsado una fuerte suma de millones de euros públicos por el rescate de una concesión que habría expirado en el año 2016 si Francina Armengol, entonces presidenta de la institución insular en el segundo Pacto de Progreso, no hubiera decidido prorrogar el peaje hasta el año 2022.

Por tanto, desde el PP se considera que una parte importante de la responsabilidad de tener que abonar, en principio, 21 millones a la empresa concesionaria corresponde a la actual presidenta del Govern balear por su decisión de prorrogar el peaje.

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Publicado en Local.
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